En las Áreas Naturales Protegidas (ANPs), a menudo se viven conflictos entre los objetivos de conservación de los recursos naturales y los de desarrollo de las poblaciones que habitan en o en torno a ellas. La importancia de la conservación ambiental, que en muchas ocasiones ha implicado la exclusión de la gente, ahora, en el marco de la sustentabilidad, debe dar paso a un énfasis más amplio en la participación social en el uso sustentable de los recursos naturales.

A partir de las experiencias y aprendizaje generados por los proyectos de Vida Silvestre, Proders, Prodeplan, Prodefor, Procymaf, Pronare y otros de la SEMARNAP y en general de las experiencias de conservación y manejo de áreas y recursos naturales, las autoridades ambientales, los administradores de las reservas, y otras instancias involucradas en la conservación ambiental, han ido transformando su visión de la participación social como un requisito, una imposición o un ejercicio retórico, y se han empezado a dar cuenta del inmenso potencial que significa contar con la participación social en la instrumentación de las también inmensas tareas que la conservación ambiental implica. Tiende a modificarse la visión que se tenía de las comunidades como ‘depredadores’, o en el mejor de los casos como ‘usuarios’ y ‘clientes’, a verlos como actores fundamentales en las tareas de la conservación. Se empieza a concebir a las poblaciones no sólo en términos de problema –crecimiento demográfico, grados insostenibles de uso de los recursos, impacto ambiental, conflicto-, sino como recurso –de organización, de gestión, de conocimiento, experiencia y capacidad, de promoción, de demanda, de instrumentación, de legitimidad y apropiación-. Hoy se empieza a concebir la participación de la gente como columna vertebral de las acciones de conservación. También se ha empezado a reflexionar sobre la necesidad de reconceptualizar la forma en que se definen las actividades sustentables y las que no lo son, reconsiderando la posibilidad de incluir dentro del concepto de sustentabilidad, bajo determinadas condiciones, actividades como la roza y la milpa misma, al incluir dimensiones más amplias que la mera perspectiva agronómica en el análisis. Por su parte, las comunidades han empezado a incorporar o reconocer los objetivos de la conservación en su propia agenda de intereses, y se han empezado a gestar los procesos tecnológicos, instrumentos financieros y legales, y espacios de organización que habrán de derivar en procesos de transformación o adecuación de las actividades productivas en direcciones sustentables.

El propósito de una EPS es contribuir en la dirección de desarrollar los espacios, la capacidad, los instrumentos y los mecanismos para facultar la participación plena de la sociedad en las tareas del desarrollo sustentable, en el ámbito de las ANPs. Entre las acciones propuestas en este sentido, está la revisión de la figura de Consejos Técnicos Asesores, replanteando sus funciones de acuerdo a las especificidades de cada ANP, fortaleciendo el papel que como consejeros en aspectos técnicos les corresponde, así como la creación de espacios de participación a nivel local, tales como comités comunitarios u otras figuras de participación concertadas con las comunidades para el manejo de los recursos naturales, comités regionales y comités de grupos y asociaciones de productores para el mismo fin. Un antecedente de estos consejos regionales es la experiencia en la reserva de Los Tuxtlas, en donde existe un Consejo de la Reserva, con dos Sub Consejos Regionales y un Consejo General. Estos comités permitirán la consolidación de cuadros medios y de base, de liderazgos y capacidades locales, serán conductos para la canalización de la demanda comunitaria de acciones y proyectos, y constituirán mecanismos de enlace entre las iniciativas y proyectos de las dependencias de los diferentes niveles de gobierno, la dirección de la reserva, los proyectos de desarrollo e inversión, y las propias comunidades, dentro de una perspectiva regional. Consecuentemente, se plantea fortalecer y favorecer la capacidad de las comunidades, las organizaciones civiles y sociales, y los gobiernos locales, para participar en la concepción, gestión, toma de decisiones e instrumentación de acciones de la propia reserva, para lo cual se propone la creación, a mediano plazo, de una instancia complementaria a la dirección de la reserva, materializada en un consejo colegiado de dirección, con representación comunitaria y regional, para acordar e instrumentar directrices, lineamientos y proyectos dentro del las ANPs, manteniéndose el carácter de la dirección de la reserva como una representación del gobierno federal como garante de la observancia de los lineamientos a nivel nacional y de los asuntos institucionales.

Es insoslayable que la marginación, los conflictos (principalmente por la tierra y recursos), la falta de acceso a opciones tecnológicas sustentables y a fuentes de bienestar social, la falta de valoración y reconocimiento de los conocimientos y prácticas locales, y una escasa cultura ambiental, aunadas a intereses, programas e inversiones contradictorios con la conservación, (como el apoyo desproporcionado a la ganadería extensiva en reservas como Chichinautzin y Pantanos de Centla, o el ‘perverso’ procampo antiforestal) continúan favoreciendo un uso no sustentable de los recursos, y en consecuencia, que las tasas de deterioro ambiental siguen en aumento. Es muy difícil que las comunidades se apropien cabalmente de los objetivos de la conservación y demanden acciones de este tipo, mientras las actividades de conservación mismas siguen constituyendo una carga o significando un costo para las comunidades (un ejemplo es la pérdida de empleos al prohibir actividades extractivas, como en el caso de la extracción de yeso en la reserva de Cuatro Ciénegas, Coah., y en general el establecimiento de prohibiciones de aprovechamiento en las zonas), sin mecanismos previos de compensación o alternativas de desarrollo que permitan transformar las actividades productivas en direcciones sustentables, que permitan reducir la presión sobre los recursos naturales sin empeorar aun más las precarias condiciones que se viven en muchas de las comunidades. Consecuentemente, un componente fundamental para la participación social en la conservación de las ANPs debe ser el de generar, promover y gestionar alternativas sustentables de acceso a fuentes de ingreso o bienestar, apropiadas y apropiables desde la perspectiva cultural y económica de las propias comunidades; alternativas que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la reserva y sus zonas circundantes con el logro de beneficios sociales tangibles y concretos a través de su participación en proyectos sustentables. La mención de ‘alternativas sustentables apropiadas y apropiables’, se refiere a la ineludible necesidad de partir de los procesos cotidianos, la cultura, la organización e incluso los modos de producción tradicionales en el momento de analizar las opciones y de diseñar las acciones. Una estrategia viable para esta tarea es la de generar mecanismos e instrumentos que permitan establecer acuerdos y relaciones contractuales entre productores locales u organizaciones de productores regionales e instancias gubernamentales y privadas para la sustitución o adecuación de prácticas no sustentables por otras que sí lo sean, estableciendo expresamente espacios para la coordinación interinstitucional y la confluencia de inversión pública y privada para el financiamiento y desarrollo tecnológico de tales opciones. Esta propuesta incluye destinar recursos para el desarrollo y la gestión de tales mecanismos y espacios.

También es difícil que las comunidades habitantes o aledañas a las reservas participen en procesos de transformación hacia actividades productivas sustentables cuando existen fuertes conflictos entre o al interior de las propias comunidades. Aunado a los conflictos de intereses y de grupos, son frecuentes los casos de manipulación para fines de control político y económico a la que han estado sujetas muchas comunidades. En este sentido, un componente importante para lograr la participación social en la conservación y uso sustentable de los recursos naturales es el de análisis y contribución para la resolución o atención de los conflictos, particularmente de aquellos que derivan en deterioro de los recursos o que impiden que la gente se incorpore a procesos de desarrollo sustentable. En cuanto a la problemática relativa a las estructuras de control y manipulación arraigadas en las comunidades, se debe incluir un enfoque equitativo y respetuoso de las dinámicas locales, identificando y considerando a los grupos marginados y observando criterios de género en las acciones de diagnóstico, capacitación, seguimiento, apoyo, ‘empoderamiento’, etc., así como en las estructuras de participación. Es necesario generar estudios de base, así como capacidad y sensiblilización a nivel local y regional para llevar a cabo estas tareas.

El papel de la sociedad en la conservación de los recursos no se restringe al nivel comunitario, local o regional. Los esfuerzos de conservación de los últimos años han mostrado que es indispensable el involucramiento de grandes empresas, como Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, así como los medios de comunicación y empresas privadas y fundaciones nacionales y extranjeras, en el manejo y conservación de las áreas naturales protegidas. Esto es particularmente importante en reservas como Pantanos de Centla, en Tabasco, en donde la paraestatal petrolera tiene instalados 55 campos petroleros y 295 pozos dentro del área de la reserva. Una estrategia de participación social en las ANPs debe incluir un componente de promoción, desarrollo y reconocimiento de la corresponsabilidad en todos los niveles de la sociedad en las tareas de conservación de la naturaleza, que contribuya por un lado a revertir los impactos negativos de las actividades industriales y extractivas sobre los recursos naturales, y por otro que permita generar inversión y empleo en actividades sustentables, particularmente en el ámbito de las reservas naturales. Una forma de desarrollar acuerdos en este sentido, es partir de la valoración de los servicios y costos ambientales a nivel de la reserva, estableciendo consecuentemente mecanismos de recaudación o compensación en los niveles correspondientes para la canalización de fondos al financiamiento de convenios de DS a niveles regional y local, en y en torno a las ANPs.

Algunas de las causas subyacentes en los procesos de degradación de los recursos naturales son la falta de conocimiento y educación sobre los impactos de las actividades productivas, el desconocimiento de las leyes y los reglamentos relevantes a este nivel, la falta de conocimiento de opciones tecnológicas para el desarrollo sustentable, y la no incorporación de los valores de los servicios ambientales en las decisiones económicas y políticas. El proceso de participación social en la conservación de los recursos naturales requiere ser acompañado y facilitado mediante una estrategia amplia de comunicación y formación ambiental, dirigida a todos los niveles y de largo plazo. Un componente crucial de esta etapa en el manejo de las ANPs es el apoyo a las reservas para instrumentar estrategias de comunicación y formación ambiental con contenidos y formatos apropiados y relevantes al nivel de la propia reserva, reconociendo que en cada una de las regiones existen condiciones sociodemográficas, ecológicas, culturales y políticas diferentes. Esta estrategia debe promover además un cambio en la percepción del público, las instituciones, las empresas y las propias comunidades respecto al valor de las estructuras y funciones naturales de los ecosistemas protegidos.

Convencionalmente, la unidad de negociación y planeación es la comunidad o partes de ella. Sin embargo, por lo general una comunidad aislada no puede abarcar las tareas involucradas en la conservación de un ecosistema, o de emprender un conjunto diversificado de actividades productivas y de restauración ecológica. A menudo estas tareas trascienden las posibilidades locales para movilizar los recursos y las capacidades de gestión. Por otro lado, para el desarrollo de alternativas tecnológicas sustentables la escala de comunidad puede ser inadecuada. En consecuencia, el nivel de acción y planeación debe contemplar una lógica regional desde el comienzo, aun cuando la instrumentación de proyectos y de fortalecimiento de capacidades y estructuras de participación se lleven a cabo a nivel de comunidades locales.

La incorporación de un esquema de gestión y manejo de áreas protegidas sustentado en la planeación participativa, coadyuvando la protección ambiental con el desarrollo socioeconómico de las comunidades marginadas ubicadas en dichas regiones y reconociendo sus necesidades, conocimientos y soluciones a la problemática ambiental, está ganando cada vez más espacios y planteándose como una novedosa y eficaz estrategia para revertir las tendencias de degradación y deterioro de los ecosistemas y empobrecimiento de las comunidades.

En ese sentido los Planes de Manejo de la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda, en Querétaro, de la Reserva de Pantanos de Centla, en Tabasco; de la Reserva de la Biosfera de los Tuxtlas, constituyen experiencias de participación y gestión comunitarias en las cuales la consulta, la experiencia, la participación y el consenso entre los sectores productivos, las instancias de gobierno y la sociedad civil fueron las constantes. En dichos instrumentos quedaron plasmados proyectos culturales, sociales y productivos locales y regionales y en ese sentido pueden constituirse en eficaces herramientas para contrarrestar la severa problemática socioambiental que enfrentan las reservas.